De la protección de la rebelión a la protección del caciquismo

Tenemos una sociedad basada en el mercado de capitales y transformación de bienes para mantener el Estado. Asimismo el Estado es quien decide como mantenerse a flote recibiendo capital y bienes que puedan generar riqueza al país. Y por supuesto, los ciudadanos son el Estado, y dan al gobierno potestad para actuar en nombre de todos.
Hasta aquí parece que todo funciona bien.
El Estado está conformado por dos partes diferenciadas (que no están relacionadas con la división de poderes): la primera es la clase política, y la segunda los funcionarios públicos.
Es evidente que toda persona que pasa a formar parte del Estado ha de estar retribuida. Es necesario para el buen funcionamiento no solo del Estado sino de cada uno de los ciudadanos que lo integran.
Los funcionarios realizan un trabajo (y cobran por él) pero no tienen poder de manipular el Estado, como cualquier otro ciudadano que realizando trabajos ajenos al funcionariado del Estado tampoco tiene poder de manipular el Estado.
Y ahora los políticos. Aquí, sin embargo, entra la picaresca. Los políticos tienen una retribución económica, que no es un sueldo, por lo tanto diríase que no cobran por trabajar, o lo que es lo mismo: no trabajan. Cierto, solo son representantes de la voluntad de los ciudadanos. Sin embargo reciben cierta cantidad de dinero por la pérdida de tiempo que les ocasiona estar representando a los ciudadanos. Es obvio que no tenga la obligación de prestar un servicio al no tener un sueldo ni una relación contractual (económica) con el ciudadano. Entonces, dependiendo de la situación del político, éste recibirá unas cantidades de dinero u otras en función de su situación, pero no de su trabajo. Cobrará por lo que representa, no por lo que hace.
Se puede decir que el político está recibiendo cierta cantidad de dinero por el tiempo que le es enajenado y el sitio donde ha de estar. Por lo tanto, el político recibe el dinero por estar hablando de cuestiones de Estado en situaciones que competen al Estado. Es lógico que el político no recibe ninguna cantidad por estar comiendo en su casa con su familia o por estar viendo el fútbol con sus amigos.
Esto que parece una nimiedad no lo es tanto. En realidad, el político está siendo pagado por un trabajo, ya que si no estuviera dedicando su tiempo al Estado, estaría realizando otro trabajo por el que tendría unos ingresos para mantenerse. Así, el sueldo que recibe el político es un beneficio para el Estado, ya que crea una barrera a través de la cual el político no se venderá a otros intereses que no sean el Estado, en definitiva: no se venderá a otros intereses que no sea el que concierne a todos los ciudadanos del país.
De esta forma, el sueldo pasa a ser la protección del Estado para mantener el “derecho a la rebelión” de todo ciudadano o político y de esta forma poder crear una sociedad abierta y libre basada en la diferenciación de todos los ciudadanos y la no tiranización en favor de cualquier idea de carácter único.
A través de los sueldos de los funcionarios y de los políticos, el Estado está garantizando la libertad de acción de todos los ciudadanos, y al mismo tiempo, los funcionarios y políticos están decreciendo la mejora económica del país. Pero es una necesidad, toda estructura necesita organizarse y con ello se mejora el rendimiento. Si el funcionariado y los políticos trabajan como es debido y son consecuentes con sus tareas el país se ve beneficiado y la riqueza del país aumenta.
Por esta razón, los funcionarios y políticos, tienen la obligación no solo de realizar su cometido de la mejor forma posible, sino de evitar gastos inútiles al Estado para que el país sea más rentable.
En la otra cara de la moneda tenemos la situación opuesta. Cuando un ciudadano consigue estabilizar su situación económica se relaja en la consecución de sus tareas.
Ocurre sin embargo, que conseguir un puesto de funcionariado sobrelleva en el ciudadano la necesidad de rentabilizar su permanencia en él. En el caso de que el empleo sea de por vida esto no se hará patente rápidamente, es más, tampoco ocurre siempre. No por el hecho de estar trabajando como funcionario un ciudadano deja de atender a su trabajo, eso solo ocurre muy pocas veces.
Lo que sí ocurre es una pérdida de la realidad social del país. Al tener una situación personal estable y duradera, el funcionariado, deja de percibir la necesidad de la sobriedad en el gasto. Llega un momento en que no tiene tanta importancia gastar un folio o un clip, utilizar cinco minutos más o menos para redactar un documento. Incluso se puede llegar a desatender al ciudadano. Aunque he dicho dos cosas juntas, son totalmente contrarias: por una parte es el ciudadano quien está pagando el sueldo y lo hace para que el funcionariado realice el trabajo que él paga para que la sociedad funcione, y por otra parte, el ciudadano está pagando para que se realice la tarea con el menor costo económico posible, con el menor gasto en materias primas. El ciudadano paga por una atención, el ciudadano paga por algo intangible: la sociedad.
De esta forma, el funcionario no ve la diferencia entre utilizar una herramienta (como un ordenador) que sea más barato o más caro, o que su mantenimiento sea más barato o más caro. En el caso de que tenga opción a elegir la herramienta optará por la más apetecible, no por la más económica. Ni siquiera optará por la más preparada para la tarea que va a realizar. Ello es así por que el funcionario no tienen conciencia de cuáles son las necesidades sociales para las que fue contratado. La razón es la falsa creencia de que la realización de una tarea concreta es la única utilidad de un funcionario. En realidad, el funcionariado no solo es necesario para realizar una tarea concreta, sino también para atender a las necesidades de cada ciudadano en todos y cada uno de sus tramos. La parte social del trabajo de los funcionarios se ha perdido en parte de ellos, únicamente en aquellos funcionarios que mantienen el trato social como premisa de su trabajo se mantiene conscientemente esta necesidad de actuación.
Llegamos después de esto a los políticos. A su trabajo. Ya sé que lo políticos no gustan de recibir un sueldo, ni de realizar un trabajo para la sociedad. Están un poco más arriba. No sé porqué. O no quiero saberlo.
La realidad es que un político debe recibir un sueldo y debe realizar un trabajo. A diferencia de un funcionario que consigue su plaza por un período determinado en base a unas necesidades concretas para el puesto que va a desarrollar, el político, es votado por los ciudadanos cada cierto tiempo para que lo represente, o más bien, para que en su nombre haga funcionar el país. Con un doble objetivo: el ciudadano y la sociedad.
Por esta razón, el salario que recibe el político (ya lo sé que no debo llamarlo salario) ha de protegerlo de verse “comprado” por cantidades mayores que hagan que su integridad política quede al descubierto y no realice la tarea para la que fue votado. Por eso el sueldo es alto.
Sin embargo ocurre lo contrario.
Se ha eliminado el concepto de sueldo. Porque se ha eliminado el concepto de trabajo. Un político no trabaja, solo trasciende.
Se ha eliminado el concepto de equidad. Porque al no tener objetivo a que atenerse puede quebrantar el deber que tiene con el ciudadano.
El fin último del político ya no es ni el ciudadano ni la sociedad, sino sus intereses como clase, mantener el sistema con las mismas debilidades para poder continuar con el mismo quebranto sobre la sociedad.
El político ha dejado de ser un ciudadano íntegro para la sociedad, solo lo es para el estamento político y sus congéneres. De esta forma, la cantidad de dinero que recibe el político solo es para que mantenga su estatus social, ya no es para que proteja a la sociedad, ni para que sirva al ciudadano.
En definitiva, el sistema político ha instaurado la “protección al caciquismo”.
De esta forma, con una clase política cuyo único fin es mantener su estatus, lo único que se consigue con su retribución no asalariada es eliminar la posibilidad de representación ciudadana.

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Con estos dos enfoques tenemos dos problemas viscerales en la sociedad actual:
1. Gastos desmesurados.
2. Ciudadanos no representados a través del gobierno.

Para el primer caso, una de las mejores soluciones para la sociedad, es reconvertir los gastos en sueldos. Pondremos un ejemplo. En cuanto al sistema informático del país, está basado en su mayor parte en un sistema operativo privativo, del cual hay que pagar anualmente la renovación de las licencias. Hoy en día hay suficientes herramientas libres para poder reconvertir el sistema informático del país hacia un sistema operativo libre. Reconvertir el gasto en licencias hacia la contratación de personal es más rentable para el país. También es más seguro para el país. También nos hace más fuertes frente a los desastres externos.

Para el segundo caso, podría decir que una de las soluciones sería no emitir ninguna retribución a ningún político, pero, sería todavía peor, puesto que generaría un daño conceptual en la clase política que generaría una pérdida de confianza del político y asumiría que la única forma válida de sobrevivir es a través de la búsqueda de retribuciones alternativas.
Una de las posibilidades sería delimitar las funciones de cada político, de forma que no pudiera abarcar más actuaciones de las que realmente puede acatar. Con ello se necesitaría multiplicar la cantidad de políticos necesarios. Ello conllevaría a una minoración en las cantidades que percibirían. Utilizar los medios tecnológicos que existen hoy en día (internet) para poder realizar sin gastos adicionales (dietas, viajes) su cometido. Y, evidentemente, teniendo exactamente las mismas cargas fiscales que el resto de ciudadanos.

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Pero en todo ello hay un problema: no es beneficioso para la clase política. Solo existe un camino: conseguir que la clase política evolucione, que realice cambio rápido y profundo. Me gusta pensar en la cuarta acepción de la RAE, en detrimento de la segunda. Hablo de la palabra revolución.