La realidad nunca es creíble

A partir del 15 de enero de 2011 el gobierno volverá a debatir la Ley Sinde.

Sin embargo, la decisión ya está tomada. Solo queda saber qué concesiones deberá hacer el PSOE al partido que apoye su ley. El precio no lo conoceremos, pero el resultado de la ley sí.

La realidad es que la Ley Sinde no se pronuncia para que los "pobrecitos creadores y multinacionales" tengan su parte del pastel en el mundo digital. Lo siento por ellos. Ellos solo son la excusa.

En los últimos meses hemos visto la persecución del sitio Wikileaks. Ello ha puesto en jaque a varios gobiernos al verse las artimañas que utilizan para negociar entre ellos su situación en las relaciones mundiales.

Y este hecho sirve para esclarecer porqué se promulgan leyes que van en contra de los ciudadanos. La Ley Sinde no es necesaria para que un escritor (desconocido o conocido) pueda sobrevivir a los infortunios del clima del frío invierno. Ni siquiera para que una empresa multimedia o canal de televisión sea o no un negocio en el futuro. La libertad económica es quien hace y deshace a su antojo los negocios, y siempre en manos de los poderosos.

Sin embargo, en esta era de internet, el control del poder está tambaleando y está haciendo posible que aflore información a la vista de los ciudadanos. Por ello, los gobernantes han tomado la decisión de evitar a toda costa que la información circule libremente. Pero no es por el bien de las naciones, sino por el bien de los poderosos. O dicho al revés: no es por el bien de la democracia, sino para mal de los ciudadanos.

La razón por la cual se aprobará la Ley Sinde es más simple. Los gobiernos nos tienen acostumbrados a utilizar herramientas autoritarias, recuérdese la patada en la puerta del señor Corcuera, la cual fue retirada a los meses de estar en práctica.

Es seguro que la Ley Sinde saldrá vencedora, es seguro que estará aplicable durante unos meses. Y también terminará derogándose por antidemocrática.

Lo que ocurrirá durante esos meses de vigencia de la Ley Sinde podría ser:

a. A los pocos días de su puesta en funcionamiento (el organismo que tenga potestad de actuar) presentará cientos o miles de informes sobre webs que atentan según la Ley Sinde a creadores y demás. Entre ellas habrá algunas (puede que no más de cinco o diez) a las cuales no pueden atacar con rapidez. No me asombraría ver páginas como la de Wikileaks u otras que ponen en entredicho al gobierno. Ninguna persona puede en 48 horas estimar si miles de informes son posiblemente todos ellos posibles amenazas, por lo tanto, solo le quedará la posibilidad de aceptar todo el paquete.

b. Multitud de personas anónimas verán su futuro digital totalmente muerto para siempre, sus pertenencias les serán arrebatadas y serán tratados como delincuentes de la más baja calaña. Tanto si son culpables como si son inocentes tendrán que demostrarlo actuando contra el gobierno en un juicio después de ser tratados como culpables. Para ello deberán tener solvencia económica. La justicia se les escapará de las manos.

Por otra parte, puede que la ley Corcuera todavía esté suficientemente reciente en la mente de algunos políticos defensores de la democracia para (de esta forma) evitar la masacre de inocentes en los comienzos de la era de internet.

La realidad nunca es creíble, pero ocurre.